Mié, 14/07/2010.- Con votos de la bancada aprista y sus aliados,  la comisión de Constitución del Congreso se allanó a las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa de Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas aprobada en el Pleno.

Con ello, la norma regresará al Pleno con las objeciones del gobierno respecto a que la norma no implica facultad de veto de los pueblos, y que de no alcanzarse su consentimiento respecto a leyes que los afectan, el Estado pueda tomar las decisiones en favor de los intereses nacionales.

Se aceptaron así las ocho observaciones del Ejecutivo. La principal  señala que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos  originarios a las medidas legislativas o administrativas del Ejecutivo”, donde el Estado decidirá conforme a sus atribuciones constitucionales.

Otra observación es la interpretación del gobierno central  que fijó que el Convenio 169 de la OIT no prevé ninguna obligación de consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional como señalaba la autógrafa inicial.

Una rectificación más alude a la necesidad de legitimar a través de la ONPE a las organizaciones representativas de los pueblos.

Nueve contra cinco
En todo momento el Apra defendió el allanamiento, y Mauricio Mulder señaló que el Ejecutivo apunta a la integración al negarle mayor privilegio a algún sector.

El nacionalismo, a través de Víctor Mayorga, dijo que el derecho a veto es una figura legal y solo debe ser regulado si afecta directamente a los pueblos. María Sumire fue más allá y opinó que las observaciones son inconstitucionales, pues el Convenio 169 de la OIT “es de implementación obligatoria”.

Al final del debate, Constitución se allanó por nueve votos a favor de los apristas Mulder, José Vargas, Javier Valle Riestra y Wilder Calderón.

Con ellos votaron Javier Bedoya y Raúl Castro (Unidad Nacional), los fujimoristas Martha Moyano y Santiago Fujimori, y Alda Lazo (Alianza Nacional).

En contra votaron cinco legisladores del nacionalismo, Bloque Popular y Alianza Parlamentaria. Aldo Estrada (UPP) se abstuvo.

“Esta es una abierta provocación a los pueblos originarios que viven marginación e injusticia, y que en la práctica no forman parte de la Nación”, señaló Mayorga, quien luego opinó que el allanamiento sólo provocará más protestas similares al trágico Baguazo de junio del 2009.

Datos
Insistencia. La comisión de Pueblos Indígenas aprobó hace unos días la insistencia en la autógrafa y hoy realizará una reunión para discutir sus efectos, junto a gremios sociales y organizaciones.

Inversiones. Este grupo negó que la insistencia afecte las inversiones, pero sí logrará que las comunidades conozcan sus beneficios. Además, sus voceros señalaron que los pueblos costeños también deben ser incluidos.

“Es una burla a los pueblos”
Saúl Puertas, secretario general de Aidesep, protestó por la decisión de la comisión de Constitución y consideró que los apristas se han burlado de los pueblos originarios, pues siguen violando sus derechos. “Es una falta de respeto a nuestras organizaciones y la prueba de que no existe voluntad política desde el gobierno para un diálogo verdadero”, explicó.

Puertas indicó que su organización y otras evaluarán el camino legal para insistir en la autógrafa inicial dada por el Pleno y no descartó nuevas protestas de los pueblos andinos y amazónicos.

El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, pidió acudir al Congreso a explicar las observaciones. “El desarrollo del país no se puede trabar y necesitamos aclarar el convenio 169 para dar viabilidad a las inversiones”, señaló.

Fuente: La República

Mié, 30/06/2010.- Más de diez comunidades de la provincia de Angaraes, en Huancavelica, se encuentran gravemente afectadas por el colapso de un dique con 21 mil 420 metros cúbicos de relave, pertenecientes a la empresa minera Caudalosa Chica.

Dicho incidente, que ocurrió el último viernes 25 de junio al promediar las 20.00 horas, ocasionó un alud de relaves mineros hacia el río Totora, en el distrito de Huachocolpa, así como también la contaminación del 80 por ciento del río Opamayo, el cual desemboca en la localidad de Lircay, capital de la provincia de Angaraes, Huancavelica.

No avisaron a la población
Pero lo más indignante en este hecho, a decir de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), radica en que la citada empresa minera no alertó a la población de tal contaminación, poniendo en serio peligro la vida de hombres, animales y sembríos que consumen las aguas de estos ríos para su supervivencia.

“Se trata de un atentado criminal porque, al no ser informados, los comuneros han consumido truchas envenenadas con plomo y otros metales tóxicos. Además los animales siguieron consumiendo las aguas contaminadas con los relaves”, denunció la CAOI.

Por su parte, el Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la Provincia de Angaraes indicó que los daños causados contra la ecología del río Opamayo son “muy graves”, pues en toda su ribera encontraron miles de truchas muertas.

“Las comunidades afectadas por este hecho son Totora, Palcas, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca, Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca, Congalla, entre otras”, indicaron voceros del citado comité.

Asimismo demandaron a instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin y laDirección Regional de Minería de Huancavelica evaluar los daños ocasionados y sancionar ejemplarmente a la empresa minera responsable del suceso.

¿Qué hizo Osinergmin?
“La minera Caudalosa Chica permanentemente vertía sus relaves sin ningún tratamiento a los cauces del río Opamayo, y los funcionarios de Osinergmin, que tienen la obligación de supervisar, no lo hicieron en su oportunidad para detectar el mal estado de su presa de relaves que además funcionaba de forma artesanal, sin cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) como exige la ley”, revelaron representantes del Comité de Fiscalización.

En tanto, el director de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil del Gobierno Regional de Huancavelica, Rafael Rojas Huanqui, señaló que la minera se ha comprometido a entregar forraje y agua para los animales que habitan en la zona, y dispuso que mil hombres trabajen en el recojo del tóxico producto.

Rojas también manifestó que como primera medida se ha indicado a los pobladores de las comunidades afectadas no utilizar el agua del río hasta nuevo aviso. Empero, el daño ya está hecho.

Precisiones
Reunión. Representantes del Gobierno Regional de Huancavelica manifestaron que hoy habrá una reunión en los ambientes de la minera, con especialistas de las direcciones regionales de Salud, Energía y Minas, entre otros, a fin de tomar las acciones urgentes para contrarrestar el daño ocasionado a los ríos y al medio ambiente.

Denuncia. Carlos Candiotti, secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la Provincia de Angaraes, informó que este viernes 2 de julio, a las 11 de la mañana, las autoridades locales de Huancavelica se presentarán en el Congreso de la República para denunciar al Ministerio de Energía y Minas y a Osinergmin por no fiscalizar a la minera.

Fuente: La República

Federación de Comunidades Nativas de Ucayali advirtió que se darán medidas de fuerza, en caso de que no se promulgue la autógrafa del Congreso.

Pucallpa (Cecilio Soria).- La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) realizará este jueves 1 de julio una movilización pacífica en Pucallpa, para rechazar la decisión del Poder Ejecutivo de no promulgar la Ley de Consulta Previa, informó Guillermo Gómez Canayo, presidente de esa organización.

En diálogo con el corresponsal de Ideeleradio, Gómez Canayo sostuvo que las observaciones hechas formuladas por el Gobierno son inconstitucionales, porque violan el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y otros tratados internacionales.

“La decisión del Gobierno de no promulgar la Ley de Consulta Previa es una ofensa a los pueblos indígenas y una excusa para seguir con las concesiones mineras y petroleras”, añadió.

Advirtió que emprenderán otras medidas de fuerza, en caso de que no se promulgue la autógrafa del Congreso.

Fuente: Ideele Radio 

Viernes 25 de junio de 2010.- Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, indicó que la principal preocupación de las comunidades es que se les abastezca a las poblaciones afectadas con agua suficiente para que cubran sus necesidades de alimentación.

El funcionario sostuvo al diario Pro y Contra que es urgente evitar que los efectos del derrame, que se produjo el último sábado cuando una embarcación de Pluspetrol sufrió daños en su estructura y permitió la fuga de crudo en el río Marañón, se expandan a nuevas zonas.

Lanegra precisó que entre las poblaciones afectadas se encuentran las comunidades Alfonso Ugarte, Victoria, Santa Rita de Castilla, Ollanta, Roca Fuerte, San Gabriel, entre otras, quienes se abastecen de las aguas del río Marañón.

CUATRO MIL AFECTADOS
La representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Lilia Reyes, informó que en las riberas del río Marañón viven aproximadamente 7.000 pobladores, de los cuales habrían sido afectados directamente aproximadamente 4.000.

CONTAMINACIÓN ALTA
Víctor Sotero, especialista del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), dijo hoy que las muestras tomadas del río Marañón tras el derrame de petróleo arrojan como resultado “una contaminación alta”.

Explicó que el trabajo de recolección se llevó a cabo en el mismo sector del derrame (Saramuro), 100 metros río arriba y 500 metros río abajo, y en Santa Rita de Castilla, comunidad que se abastece del agua de río.

“En Santa Rita la población nos entregó muestras recogidas los días domingo y lunes. Nosotros hicimos nuestro trabajo el martes y miércoles. Todas las muestras analizadas en laboratorio arrojan contaminación alta”, indicó a la agencia Andina.

Pluspetrol refirió aún no tener conocimiento del informe del investigador del IIAP.

Fuente: El Comercio

Lunes 21 de junio de 2010.- Una emergencia es la que viven los pobladores de las comunidades apostadas a las orillas del río Marañón, especialmente los moradores de Parinari (Loreto), quienes reportaron el último sábado un derrame de crudo perteneciente a la empresa Pluspetrol.

Según informó el diario loretano “La Región”, el hecho se produjo cuando la barcaza “Sanam III” sufrió una avería en unos de sus tanques, lo que habría originado la fuga de petróleo.

En diálogo con RPP Noticias, el gerente de Relaciones Institucionales de Pluspetrol, Daniel Guerra, sostuvo que el derrame sería de casi unos 400 barriles, pero que este hecho ya fue controlado y que están procediendo a la limpieza de la zona afectada.

Guerra precisó que este derrame involuntario se debió a una baja en el caudal del río, que perforó la base de la embarcación que transportaba el combustible.

ACCIONES LEGALES
La alcaldesa del distrito de Parinari, Carmen Cárdenas Mozombite, dijo que si no llegan a un acuerdo con Pluspetrol denunciarían a la empresa por los daños que podría haber causado la fuga de crudo.

Por su parte, el director regional de Energía y Minas, Roy Meza, señaló en conferencia de prensa que todavía no se ha determinado con exactitud la cantidad de petróleo que se vertió en el río Marañón.

Fuente: El Comercio

El congresista Guido Lombardi explicó que Cabanillas, ex ministra del Interior, erró en el operativo policial que desató el ‘Baguazo’ y que Simon, ex primer ministro, no promovió una concertación.

El legislador Guido Lombardi (UN), presidente de la comisión que investigó los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio del 2009 y que dejaron 34 personas fallecidas, halló responsabilidad política en las ex ministras del Interior y Comercio Exterior, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz, respectivamente, así como en el ex primer ministro Yehude Simon.

En el informe final que Lombardi presentará para la aprobación de los otros seis parlamentarios que integraron este grupo de trabajo, se detalla que Mercedes Aráoz no explicó correctamente al Consejo de Ministros los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas, para no poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

En el caso de Mercedes Cabanillas, la responsabilidad recae sobre ella por no haber podido comandar acertadamente el operativo policial y en Yehude Simon debido a que en su condición de jefe del Gabinete ministerial no promovió una concertación previa que evite la posterior matanza.

LOMBARDI: “FUE BOCHORNOSO E INEXPLICABLE”
A juicio de Guido Lombardi, la actitud de Simon es hasta ahora inexplicable, puesto que acusa a Mercedes Aráoz del ‘Baguazo’ pero en su momento no le pidió su renuncia ni dimitió él en su cargo al no producirse esta”.

Asimismo, calificó como “bochornoso” que la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas, “pretenda hacer creer que no tenia comando, cuando fue ella quien colocó al mando, 48 horas antes, al general PNP Elías Muguruza, ex jefe de la Diroes, y a quien le dio la orden directa de actuar con toda energía y rapidez”.

“Me parece de espanto que se haya condecorado después de este operativo a quienes lo ejecutaron. Creo que por vergüenza y pudor, la ex ministra y los generales reconocidos deberían devolver esas condecoraciones”, precisó Lombardi en el programa de TV “Prensa Libre”.

Lombardi señaló además que se ha sugerido a la Comisión de Acusaciones Constitucionales que evalúe la conveniencia o no de investigar a los tres ministros en cuestión e indicó que dentro de este grupo de trabajo ya existe una demanda en contra del actual ministro del Interior, Octavio Salazar, por negar información valiosa a quienes la requirieron en su momento.

Fuente: El Comercio

Ramos Prudencio señaló que, aun cuando se conformaron mesas de trabajo con las comunidades de la selva, los decretos legislativos que dieron origen a las protestas del 2009 siguen en pie.

Así mismo, refirió que del paquete de dispositivos que motivaron el descontento de los nativos de la Amazonía apenas se derogaron cuatro decretos; incluso, “a pesar de que se derogaron, el Estado sigue concesionando (los territorios) afectando los derechos de las comunidades”.

En ese contexto, la legisladora advirtió que los conflictos se agravarán si el Ejecutivo persiste con aquella lógica de tomar a los recursos naturales como si fueran mercancías, sin tomar en consideración a los pueblos que ocupan territorios desde mucho antes de la creación del propio Estado.

“Hay una falta de voluntad política de reconocernos todos (…) no hay una sola visión y la modernidad no se puede imponer a sangre y fuego. Tiene que haber un diálogo. Podemos discrepar, pero somos seres humanos. Somos un país pluricultural y el el gobierno debe gobernar para esa diversidad”, enfatizó.

De igual manera, criticó el escaso avance en la implementación de normas que favorecen a los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto a los proyectos de desarrollo.

Finalmente, Ramos se mostró escéptica en torno a los numerosos informes presentado por el Parlamento acerca de los hechos del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo.

“La madre del cordero son los decretos legislativos. Hasta el momento, no hay voluntad para implementar políticas en favor de los pueblos originarios. Se le ve como violentistas, cuando el bosque es su casa (…) prevalece la lógica colonialista del territorio”, puntualizó.

Fuente: Coordinadora Nacional de Radio - CNR

Mercedes Aráoz (ex titular de Comercio Exterior), Cabanillas, Simon y Ántero Flores-Aráoz son sindicados como responsables políticos.

La ex ministra de Comercio Exterior y actual titular de Economía, Mercedes Aráoz, la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el ex premier Yehude Simon fueron sindicados como responsables políticos del desalojo de Bagua, ocurrido el 5 junio de 2009, en donde las protestas nativas contra los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo en el marco del TLC con EE.UU. dejaron 25 policías y 10 civiles muertos.

A tal conclusión se llegó en tres de los cuatro informes que serán debatidos por el Pleno del Congreso tras la culminación de labores de la comisión investigadora que se formó para esclarecer responsabilidades sobre ese caso.

Dicha comisión, que preside Guido Lombardi (UN), dio cuenta del informe en mayoría suscrito por Martha Moyano (Grupo Parlamentario Fujimorista), Juan Perry (Alianza Nacional) y Eduardo Espinoza (UPP).
Sin embargo, Perú.21 conoció que el Apra, a través de sus representantes, Luis Falla Lamadrid y Wilder Calderón, presentará un informe en minoría, lo mismo que el parlamentario loretano Víctor Isla (Partido Nacionalista). Lombardi también presentará el suyo.

El informe en mayoría comprende, además de los funcionarios mencionados, a Ántero Flores-Aráoz, ex titular de Defensa (por no haber agilizado la intervención de las Fuerzas Armadas en defensa de la Estación 6).

RESPONSABILIDADES. El informe de Lombardi, al que Perú.21 tuvo acceso, concluye que Cabanillas no asumió el liderazgo para conducir a la Policía en la solución del conflicto, que Mercedes Aráoz (entonces ministra de Comercio Exterior) no sometió a consulta previa los decretos del Ejecutivo y que Simon no continuó las negociaciones que hubieran evitado enfrentamientos y muertes.

El informe de Isla sí encuentra responsabilidad penal en Cabanillas y en Aráoz. A la primera la acusa por homicidio culposo (igual que al presidente Alan García) y, a la segunda, por falsedad genérica.

Fuente: Diario Perú 21

Así lo sostuvo Salomón Awanash, vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien a través de CNR lamentó el escaso avance para reconocer los derechos de las comunidades a un año de los luctuosos acontecimientos en Curva del Diablo.

Awanash refirió que, a menos de un mes de conmemorarse el primer aniversario de aquella jornada, el Ejecutivo no cumple aún con las indemnizaciones para los familiares de la treintena de caídos -entre policías y civiles.

De igual manera, denunció que el Ejecutivo no demuestra mayor interés por reconocer el derecho de las comunidades de una consulta previa, libre e informada, tal como lo disponen los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano.

Es por ello que el 5 de junio se llevará a cabo, en Amazonas, una marcha pacífica donde participarán líderes y lideresas de distintas organizaciones de la región para recordar este evento, que calificó como una “marca histórica”.

Agregó que, próximamente, AIDESEP convocará a un congreso nacional de pueblos indígenas, donde acordarán las acciones con miras a llevar sus reclamos a las Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La ocasión será propicia, también, para debatir los decretos legislativos, origen de las protestas de las comunidades de la selva el año pasado, y que a la fecha siguen sin ser derogados.

“Si no son derogados, en este congreso nacional, se analizarán y seguramente se tomarán acuerdos”, acotó.

Fuente: Coordinadora Nacional de Radio - CNR

(Reuters).- El Gobierno Peruano debe suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas del país, dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe divulgado a la prensa el miércoles.

La recomendación, elaborada por la Comisión de Expertos de la OIT, precisó que la suspensión debe permanecer hasta asegurar “la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza”.

El pedido incluye también a las “comunidades de campesinos y comunidades de indígenas; así como los indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial”.

VIOLENTAS PROTESTAS
Las labores de explotación de la riqueza natural del país suelen despertar un fuerte rechazo entre las comunidades cercanas a los proyectos, que temen afecten el medio ambiente y demandan una mayor tajada de las utilidades.

En junio pasado, los planes del Gobierno del presidente García de abrir tierras comunales a perforaciones petroleras, mineras y a la explotación forestal desencadenaron semanas de violentas protestas por parte de nativos amazónicos, en las que murieron 34 personas, entre policías e indígenas.

Para sofocar las mayores manifestaciones enfrentadas por el Gobierno, García derogó dos leyes que según los indígenas ponían en riesgo sus tierras ancestrales.

La Comisión destacó, además, que realizar reuniones “meramente con el propósito de informar o socializar no cumple con los requerimientos de la Convención”.

Al respecto precisó que un decreto supremo que regula la participación de los ciudadanos en el sector de la minería tiene limitaciones, debido a que la contempla pero luego de que se ha otorgado la licencia minera.

El sector minero es uno de los pilares de la economía peruana, que es el segundo productor mundial de cobre, el primero de plata y el sexto de oro.

Fuente: El Comercio