Según la Ordenanza regional N° 036-2011, suscrita por Santos y publicada hoy en las Normas Legales del diario El Peruano, se precisa que adoptan esta decisión por cuanto han declarado de interés público-regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de la región Cajamarca, en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo sostenible.

Alegan que la región hace uso de su autonomía política, económica y administrativa en razón a las “inconsistencias técnico-legales del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolución Directorial N° 351-2010 MEM/AAM, del 27 de octubre de 2010”.

Asimismo, argumentan que el proyecto Conga “podría ocasionar daños irreversibles en los ecosistemas frágiles, generando a su vez perjuicios económicos y sociales de magnitudes incalculables; colisionando directamente con los derechos fundamentales de las personas que habitan dichas jurisdicciones y las personas que habitan en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, lo cual pone en riesgo la gobernabilidad de la región Cajamarca y la paz social de sus pobladores”.

En el quinto y último considerando del dispositivo, acuerdan “dejar sin efecto cualquier disposición legal que se oponga a la presente ordenanza regional”.

Fuente: Perú 21

Tras la denuncia de fosas comunes ante el Ministerio Público por pobladores del distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta en el Valle de los ríos Ene y Apurímac (VRAE), en la región Ayacucho, el alcalde Rubén Limachi espera que las autoridades regionales y nacionales apoyen en el hallazgo de más fosas comunes.

Hasta el momento se confirmó el hallazgo de 8 fosas comunes donde habrían unos 100 cadáveres, todas esas muertes fueron producto de dos décadas de violencia poltica que vivió el Perú por el terrorismo (1980 - 2000).

Limachi solicita que la ayuda sea extensiva a los lugares y pueblos aledaños porque habrían más fosas comunes.

Fuente: Radio Programas del Perú - RPP

Con este nuevo hallazgo suman 48 las víctimas, cuyas osamentas fueron encontradas en el paraje de Chuschihuaycco, ubicado a unos 500 metros del pueblo de Chungui, en la provincia ayacuchana de La Mar, donde los forenses exploraron más de una hectárea para hallar los cuerpos.

En junio pasado se exhumaron 28 cuerpos de campesinos que también habrían sido victimados por militares de la base de Chungui.

La fiscal especializada en derechos humanos Jhousy Aburto confirmó que entre los cuerpos hallados en las fosas estaban los de 10 niños, de los cuales cinco tendrían entre uno y cinco años de edad. Los otros cinco cuerpos serían de niños entre 12 y 15 años. Todos asesinados extrajudicialmente junto a adultos.

“En una fosa se halló el cadáver de una madre en posición fetal y que cargaba en su espalda a su hijo de un año aproximadamente. A su lado se halló a otro menor de unos cinco años”,  informó la fiscal que investiga las matanzas en Chungui, que son atribuidas a militares.

Según familiares de las víctimas, los responsables serían el mayor EP Pedro Baca Doig, quien fue jefe de la base hasta agosto de 1984.

También el capitán “Zamuray”, apelativo que utilizaba el capitán EP Víctor Zamore y el teniente EP de apellido Aguilar.

Fuente: Elías Navarro, Ayacucho - La República

Mucho tiempo debió pasar para que por fin se promulgue la Ley de Consulta Previa. La emoción de los cientos de pobladores presentes en la plaza del centro poblado era notoria. Y es que ver al presidente de la República promulgando, simbólicamente, ese mecanismo legal que los pueblos indígenas esperaban hace mucho, terminó por reconciliar a Bagua con un Estado muchas veces ausente.

El Mandatario llegó acompañado por el titular del Congreso, Daniel Abugattás; y la primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza. También viajaron los ministros del Ambiente, Ricardo Giesecke; y de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi; además del presidente de la región Amazonas, José Arista Arbildo; y el congresista awajún Eduardo Nayap.

Antes de ello, en representación de las autoridades, el alcalde del distrito de Imaza, Demetrio Chiroque, se pronunció ante el presidente. Luego de la intervención del alcalde, se invitó a una mujer representante de las comunidades indígenas, la elegida para dirigirse a las autoridades fue Florcita Wajayay.

Seguidamente Ollanta Humala se dirigió a la población señalando que por una serie de razones llegó a Imazita. “Esta localidad representa uno de los puntos de confluencia entre las poblaciones amazónicas y el mundo mestizo, y yo sé que la gente de aquí estaba esperando con ansias la dación de esta ley”, refirió Ollanta Humala.

Además, el mandatario confía en que este mecanismo legal podrá fortalecer las inversiones: “Esta ley fortalece el proceso de inversiones porque ahora los procesos que se den necesariamente deberán ser consultados con la población, y el hecho de la vinculancia no es tan importante, sino más bien el recuperar la voz de la ciudadanía”.

La trascendencia de la Ley de Consulta Previa, aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada hoy por el jefe de Estado Ollanta Humala en Bagua, radica en que a partir de ahora los pueblos indígenas u originarios podrán solicitar ser consultados sobre las medidas legales, planes, programas y proyectos que afecten directamente sus derechos, sean estos físicos, de identidad, calidad de vida o desarrollo.

Leer Ley de Consulta Previa

Fuente: Radio Marañón

Para la ceremonia central en Lima, confirmaron su participación el ministro de justicia, Francisco Eguiguren; la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CEMAN), Isabel Coral; la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega; así como los representantes de las organizaciones de familiares de las víctimas; personalidades de la sociedad civil y embajadores de la música y la cultura.

El programa se desarrollará con actos significativos en tres momentos. En el monumento “Ojo que llora”, ubicado en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, 3.00 a 5.00 pm. Luego el pasacalle* que partirá a las 5.00pm del Campo de Marte rumbo a la Plaza San Martin y, a partir de las 6.00pm se iniciará el Acto Central de cierre en la mencionada plaza.

Se contará con una antesala en la Plaza San Martin a partir de las 12.30 a 5.30 pm, con actos musicales, teatro, museo itinerante, muestras fotográficas, exposiciones del Yuyanapaq, “la chalina de la esperanza”, los Quipus, ferias informativas, coloquios, otros.

Se podrá recorrer el “Camino de la Esperanza” en una hilera de fotografías de quienes sufrieron desapariciones forzadas en el país, con la finalidad de sensibilizar a los asistentes en la defensa de los derechos humanos y asumir el compromiso de nunca más permitir acciones que degradan al ser humano, desestructuren familias y naciones.

Los talleres de arte y serigrafía serán puntos de liberación de nuestro interior, en ellos podrán estampar un polo de recuerdo o confeccionar flores frescas con mensajes de su inspiración; es decir será una celebración de unidad, compromisos y de mucha fé.

Finalmente, las instituciones de derechos humanos, los colectivos y organizaciones de la sociedad civil convocantes, invitan a la ciudadanía y a las autoridades a comprometerse con la agenda de los derechos humanos en el Perú y con las recomendaciones de la CVR.

* RECORRIDO PASACALLE: Salaverry, Guzmán Blanco, Colón, Plaza Grau, Paseo de los Héroes Navales, Carabaya y punto final Plaza San Martin.

Fuente: Movimiento Para Que No Se Repita - PQNSR

PROYECTO MARAÑÓN
De “revolución energética profunda para cambiar la matriz con el empleo de energías renovables y limpias y asegurar la energía que la patria necesita” calificó el saliente presidente Alan García Pérez el proyecto Marañón. Lo lanzó en abril, en plena campaña electoral. García dijo: “El proyecto Marañón será un legado de mi gobierno”. Su legado podría resultar más bien en una sucesión conflictos ambientales y destrucción ecológica. El gobierno aprista deja encarrillado el proyecto de construir 20 centrales hidroeléctricas a lo largo del río Marañón, una de las fuentes hídricas más importantes del Perú que recorre las regiones de Amazonas y Loreto y es afluente del Amazonas.

INAMBARI, PAQUITZAPANGO, MAINIQUE
Para el próximo ministro del Ambiente, doctor Ricardo Giesecke, el proyecto de Inambari es atractivo en términos económicos pero “aparentemente la cantidad de gas metano que se va a producir con el embalse puede ser muchísimo más que haber generado esa energía con diésel”, es decir tendrá una alta emisión (5,9%, según estimaciones de expertos) de uno de los gases de efecto invernadero (GEI).

Inambari es un área de alta biodiversidad, se ubica en los límites amazónicos de las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno. El embalse requiere desplazar y “reubicar” a más de 4.000 personas; por mientras, el proyecto está paralizado por un incumplimiento de proceso de la brasileña Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC (Egasur, integrada, cómo no, por la inefable Odebrecht).

La propuesta nace del pacto energético Perú-Brasil firmado por Alan García y Lula da Silva (en plena campaña electoral), pese al rechazo de las poblaciones amazónicas peruanas de las zonas que se afectarán. Paquitzapango, en el río Ene, Junín (con presencia también de Odebrecht) es otro de los proyectos priorizados. Aquí se desplazarán como mínimo a 10.000 personas, la mayoría asháninkas, esclavizados y desterrados por los terroristas de Sendero Luminoso en los ochenta. Penden también amenazas sobre la zona de Megantoni en el pongo (del quechua punku: puerta) de Mainique por diversos proyectos energéticos, incluida un represa. El gran Pongo, paso de los rápidos del Urubamba, es considerada ‘hotspot’ de megadiversidad -en tres millas cuadradas hay más biodiversidad que en cualquier otro punto del globo-, se dan 10 de las 84 zonas de vida del país, y gran productora de oxígeno. Es el territorio ancestral de la mayoría de machiguengas.

¿ENTREGA DEL AGUA?
Los conservacionistas se preguntan ya si estas hidroeléctricas esconden la solapada concesión del recurso agua a determinadas empresas. Grupos de activistas, a lo largo y ancho del continente, abordan el tema como una defensa del agua para uso directo de las poblaciones. Las represas de gran alcance mal ubicadas generan cambios ecológicos irreversibles. En la última década la crítica a estas ha crecido al punto de considerarse a las centrales nucleares más amigables con el entorno.

La presencia del doctor Giesecke en el nuevo Gabinete es alentadora: “Unos se llevan los activos y otros los pasivos”, ha dicho sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Y no parece estar dispuesto a que estos se nos sigan cargando a los peruanos.

PARA TENER EN CUENTA
Impactos de las represas:

1. Afectan derecho de propiedad o uso territorial de comunidades ancestrales.
2. Impactan sobre la pesca ribereña para consumo diario.
3. Restringen el acceso a fuentes de agua para la población.
4. Alteran el ciclo natural de los ríos.
5. Interrumpen la migración y reproducción de especies acuáticas.
6. Promueven la defores- tación y pérdida de biodiversidad.
7. Alteran el ciclo natural de los ríos.
8. Fracturan la forma de vida y cultura de la población.
9. Llevan a la irrupción de foráneos (constructores) y de costumbres extrañas a la zona.
10. Atentan contra las áreas protegidas y de conservación, y de amortiguamiento.

Fuente: Martha Meier M.Q. - El Comercio

Al respecto, Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, explicó que “la falta de capacidad técnica, presupuestal y logística del Indepa, así como los continuos cambios y procesos de reorganización, han debilitado dicha institución y están influyendo en forma deficiente en la implementación de los mecanismos de protección”.

Señaló, además, que “durante los últimos tres años, la Comisión Multisectorial para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial del Poder Ejecutivo no ha cumplido con adecuar las reservas territoriales Isconahua, Murunahua, Mashco Piro de Madre de Dios, Mashco Piro de Ucayali y Kugapakori, Nahua, Nanti u otros, en la categoría de reserva indígena”.

“Dicha Comisión tampoco ha cumplido con evaluar el reconocimiento y categorización de cinco (5) solicitudes de reservas indígenas en trámite”, sostuvo Lanegra, al dar cuenta de un documento remitido por la Defensoría del Pueblo al Ministro de Cultura, Juan Ossio Acuña, con relación a las conclusiones de la investigación a la labor que desarrolla el Indepa, organismo que forma parte del portafolio de Cultura.

Por su parte, Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas, indicó que “durante los últimos cinco años, el Poder Ejecutivo no ha logrado establecer medidas normativas y administrativas que busquen evitar los impactos negativos de las actividades extractivas en la vida, integridad y territorio de los pueblos indígenas que viven en situación de aislamiento y en contacto inicial”.

Del mismo modo, recordó la importancia de que las autoridades gubernamentales establezcan reglas estrictas -y garanticen su cumplimiento- a los actores estatales y privados que requieren ingresar a las áreas reservadas para los pueblos indígenas en aislamiento. La funcionaria subrayó que “en opinión de la Defensoría del Pueblo, no es posible que se desarrollen proyectos de inversión al interior de las reservas territoriales sin haber agotado la evaluación de sus impactos mediante una opinión técnica vinculante del Ministerio de Cultura subrayó la funcionaria”.

Asimismo, recomendó que cualquier norma o decisión administrativa que se prevea adoptar en el Ministerio de Cultura y que pudiese afectar a los pueblos indígenas, cumpla con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La transparencia y los mecanismos de participación y consulta son fundamentales para asegurar la prioridad del interés general y la protección de los derechos fundamentales.

Abanto expresó su preocupación respecto de las actividades de tala ilegal en las reservas territoriales Murunahua, Isconahua y Madre de Dios, que no han merecido una intervención sostenida y efectiva por parte del Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura.

“Los derechos a la vida, salud e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial deben ser una prioridad del próximo gobierno por tratarse de un derecho constitucional que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, asegurar y promover”, finalizó la representante de la Defensoría del Pueblo.

Como se sabe, el Indepa es responsable de conducir, implementar y supervisar el régimen especial de protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial. Dichas poblaciones son altamente vulnerables cuando entran en contacto con otros grupos humanos sin las medidas de prevención adecuadas, pudiendo sufrir graves afectaciones en sus derechos fundamentales.

Fuente: Defensoría del Pueblo

Hoy su realidad es muy distinta. Participar durante dos años en el programa de Justicia Juvenil Restaurativa no solo lo libró de pasar años en prisión por las denuncias que tenía, sino que también le dio una visión distinta de la vida, donde el estudio y el trabajo podían ser parte de su realidad y, además, la oportunidad para reconciliarse con la sociedad.

“Ahora -afirma Luis- trabajo en un instituto de idiomas, en el departamento de cobranzas. Imagínate, yo tenía denuncias por robo y el dueño del instituto me dio la oportunidad de trabajar ahí. Confió en mí”.

Luis es solo un ejemplo de lo que el sistema de justicia restaurativa puede hacer con un joven. Esta experiencia comenzó hace seis años, a través de un proyecto piloto en El Agustino, donde la violencia es un problema serio, para identificar algunos puntos críticos de la justicia para menores en el Perú.

Fue la fundación suiza Tierra de Hombres la que, a través de un estudio, detectó estos puntos críticos, entre los que se cuentan: la debilidad del sistema de defensa de menores, el uso excesivo de la internación preventiva, la sobrejudicialización de los casos y la escasa aplicación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de la libertad.

“Se ha atendido a más de 600 adolescentes que han recibido atención psicosocial y asistencia legal. Eso ha permitido que ellos se reinserten en su ámbito familiar, comunitario y escolar, en vez de seguir vinculados al delito o terminar recluidos en centros como ‘Maranguita’”, explicó Véronique Henry, delegada en el Perú de Tierra de Hombres.

Gracias a la aplicación de este programa, solo el 7,5% de los participantes ha reincidido.

¿Este tratamiento promueve la impunidad ? Al respecto, Henry detalla que otro de los aspectos positivos es que permite al menor en conflicto con la ley reparar el daño hecho a la víctima.

“La Justicia Juvenil Restaurativa implica también la participación de la víctima; en lugar de tener a esta solo como un testigo que denuncia, como se hace normalmente en un proceso judicial. Se le propone un encuentro de mediación con el menor infractor que, en la mayoría de casos, termina con la reparación del daño. Esto humaniza la relación víctima-infractor y reconstruye el vínculo social”, añade Henry.

Para que el programa funcionara, se requirió la participación de instituciones como los ministerios Público, del Interior, Justicia, de la Mujer y Desarrollo Social, organizaciones civiles y gobiernos municipales. El éxito de la justicia restaurativa en El Agustino fomentó que, desde octubre del 2010, se aplique el modelo en distritos del sur de Lima.

“Comenzamos este enfoque en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Probamos al Ministerio de Economía que invertir por la infancia en este tipo de enfoques reditúa grandes utilidades al Estado porque se reduce el gasto público”, indicó Rita Figueroa, fiscal superior de la Segunda Fiscalía de Familia de Lima.

EN PUNTOS

Baja reincidencia y costo al Estado
Según un estudio hecho en el 2008 por la fundación Tierra de Hombres, el costo mensual del programa de justicia restaurativa es de US$115 por adolescente, frente al costo en centros juveniles cerrados con medidas privativas de libertad que es de US$417. Esto implica menor costo para el Estado.

El proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa ha logrado sensibilizar y capacitar a más de 500 operadores de justicia entre policías, fiscales y jueces.

Son los fiscales los encargados de determinar los casos que pueden incluirse en el programa. No son considerados aquellos menores que hayan cometido delitos muy graves.

Alta Voz: ATILIO ÁLVAREZ, abogado. Defensor Público de Menores de la Capital Federal de la República Argentina y Asesor de Tierra de Hombres:

“Dos tercios de las infracciones que cometen menores de edad son hechas por aquellos que recién se han iniciado en el delito. si los mandas a la cárcel, será difícil que se rehabilitenen”

¿Cómo compararía la situación de violencia causada por menores en Argentina y en el Perú?
No son realidades distintas. El problema de la violencia juvenil más que diferenciarse por países se distingue por zonas dentro de estos. Es más parecida la violencia de Lima a la de Buenos Aires; que la de un pueblo al interior de la Argentina y la de uno al interior del Perú. El problema crece con las grandes conglomeraciones urbanas; sin embargo, no es la única causa.

¿Qué genera violencia juvenil?
Lo difícil de esta situación es la pluralidad de causas y el efecto dinámico de estas. Es decir, cuando se soluciona una aparece otra. No obstante, en la base siempre hay temas de grandes carencias familiares, socioeconómicas y culturales. Y lo que sucede en las dos últimas generaciones es que están atravesadas por el fenómenos de las drogas.

¿Cómo percibe la violencia juvenil en Lima? ¿Está desbordada?
Si comparamos Lima con ciudades como México, Sao Paulo, Río de Janeiro o algunas de Centroamérica, encontramos que tienen índices bajos. Sin embargo, esto no significa que nos sentemos y no hagamos nada; por el contrario, significa que este es el momento de actuar porque se está a tiempo de no llegar a cifras de miles de niños transgresores de la ley como hay en otras ciudades.

¿Cómo se debe atacar el problema?
Estamos a tiempo de trabajar distinguiendo la situación del chico que se inicia en el delito, de la del muchacho, generalmente de mayor edad, que ya tiene mayor experiencia delictiva. Si no diferenciamos esas situaciones y no le damos respuestas diferenciadas, es como si un médico creyera que todas las enfermedades se pueden curar con lo mismo.

Lo común ha sido aplicar la misma respuesta: privación de libertad para la violencia juvenil. ¿Cuál es la consecuencia?
Solo se logra que el grupo mayoritario que son los menores que cometieron sus primeras transgresiones, o sea dos tercios de los jóvenes infractores, o se conviertan fácilmente en delincuentes avezados o preparamos el campo para que al salir sean captados por las bandas. Si al chico que se inicia lo pongo en contacto directo con el delincuente de mayor experiencia, entonces lo convierto en eso. Por eso la justicia juvenil debe buscar apartar al joven del delito y no hundirlo en él.

Fuente: El Comercio (Vania Ramos)

Según Lescano, se habría producido un ‘faenón’ para entregar tal concesión minera. En primer lugar, señaló, el proyecto nunca contó con un informe sobre posible contaminación de aguas. “Y esto es sumamente preocupante, porque estamos hablando del área de influencia del lago Titicaca, principal fuente de agua de la región y de parte de Bolivia”, precisó.

Otra irregularidad detectada por el parlamentario, que en la práctica es el principal asesor legal de los aimaras en huelga, es que en setiembre del 2006 la ciudadana peruana Yenny Villavicencio Gardini solicitó como persona natural la concesión del cerro Santa Ana. “Pero luego de investigar hemos encontrado que la señorita Villavicencio era la representante legal de la Bear Creek Mining. Es decir, actuó como testaferro”, dijo el legislador puneño, quien agregó que hasta la fecha Energía y Minas no le ha entregado la fundamentación por la cual se decidió otorgar la concesión. Tanto Lescano como Aduviri revelaron que el viceministro de Minas, Fernando Gala, se había mostrado sorprendido por la documentación y prometió darles una respuesta hoy a las 3 de la tarde. Al terminar la reunión de ayer entre los aimaras y los representantes del Ejecutivo, estos últimos optaron por retirarse sin dar declaraciones.

“Hay suficientes elementos que prueban las irregularidades. Sería escandaloso, porque hay una probable comisión de delito, que no se derogue el Decreto Supremo 083-2007 [que otorgó la concesión]“, opinaron Aduviri y Lescano. Aduviri, incluso, fue más allá y aseguró que no derogar la mencionada disposición sería una provocación a la comunidad aimara. También le exigió al presidente Alan García que se pronunciara sobre el conflicto.

De derogarse el DS, quedaría pendiente revisar el segundo punto de la plataforma de los huelguistas: declarar el sur de Puno como territorio libre de minería y de explotación petrolera. Un asunto bastante más complicado, pues, colisiona con la política económica del Estado.

SIGUEN LOS BLOQUEOS
Mientras en Lima los más de cien puneños que han llegado a respaldar a Aduviri la emprendieron contra el presidente García y la prensa -a la que acusan de no ayudarlos-, en Puno continuaron los bloqueos de vías pese a que se celebró el año nuevo andino. En la ruta Puno-Cusco, a la altura de las localidades de Ayaviri y Santa Rosa, en la provincia de Melgar, seguía cerrado el paso vehicular.

Igual situación ocurrió en la carretera Interoceánica a la altura de la provincia de Azángaro. En la tarde sucedió lo mismo en el ingreso a la ciudad de Juliaca. Además, en las rutas Puno-Desaguadero y la Binacional Ilo-Desaguadero también se mantuvo cerrado el paso hacia la frontera con Bolivia.

Fuente: El Comercio (Luigi Faura / Karla Bardales / Carlos Fernández)

Por su parte, el legislador aprista Alfredo Cenzano lamentó las movilizaciones violentas y los ataques a edificios públicos y privados.

Asimismo, llamó al diálogo entre los representantes de la región y las autoridades para garantizar la seguridad en la segunda vuelta electoral.

“Debido a la situación, es necesario suspender la aplicación de ese decreto y tender los canales de comunicación necesarios para detener la ola de violencia. No es posible que a escasas dos semanas de las elecciones se presente una situación tan violenta”, comentó.

En tanto, el congresista puneño de Unión por el Perú, Aldo Estrada, demandó una comisión integrada por la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández; el titular de Energía y Minas, Pedro Sánchez; y el ministro del Ambiente, Antonio Brack.

“Ellos deben viajar a Puno como demostración de esa voluntad política de dialogar y dar una solución concreta. Es terrible ver cómo se ha generado esta situación por falta de previsión”, opinó.

Fuente: La República